Durante el encuentro, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, destacó el impacto positivo del programa en la dinamización del empleo local. Las verificaciones iniciales revelaron que más del 90% de los trabajadores son residentes de la misma localidad donde prestan servicio. Además, el 80% de este grupo está compuesto por madres, tías o abuelas de los alumnos, lo que refuerza el compromiso con la calidad del servicio de alimentación escolar.

Asimismo, la ministra Recalde subrayó que los controles permitieron mejorar significativamente el cumplimiento de las obligaciones laborales, evidenciado en la incorporación de los trabajadores al Instituto de Previsión Social (IPS) tras los primeros procedimientos in situ.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, y contó además con la presencia del ministro de Educación, Luis Ramírez. Lideró la representación de las autoridades locales, el presidente de OPACI y miembro del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), Óscar Cabrera.

Las primeras verificaciones laborales se llevaron a cabo en diversas ciudades de los departamentos Central y Presidente Hayes, donde el Ministerio de Desarrollo Social administra los contratos de provisión. Los controles incluyeron la revisión del acceso al seguro social (IPS), la existencia de contratos laborales, el cumplimiento de la jornada de trabajo y el pago conforme al salario mínimo legal. Hasta el momento, se han supervisado 60 instituciones educativas, beneficiando a aproximadamente 300 trabajadores.

Este proceso reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el trabajo decente, la protección social y la promoción del empleo formal en el marco del Programa Hambre Cero. Además de garantizar la alimentación escolar, se apunta a cuidar a los trabajadores a fin de que cuenten con las condiciones laborales dignas y el pleno ejercicio de sus derechos.