La ministra Recalde participó en representación de los mandantes gubernamentales del lanzamiento de FORLAC 2.0, para el período 2024-2030, que tuvo lugar de manera virtual este jueves. La estrategia ha sido diseñada para abordar la alta incidencia de la informalidad laboral en la región, que afecta a más de la mitad de la fuerza de trabajo y a la mayoría de las unidades económicas, representando un obstáculo significativo para el desarrollo de empleos decentes y empresas sostenibles.

“El Gobierno paraguayo ha establecido como eje principal de acción la creación de empleos de calidad y el incremento de la formalización de trabajadores y unidades productivas, con la participación activa de diferentes ministerios e instituciones, que es uno de los enfoques principales de esta nueva estrategia”, destacó la secretaria de Estado.

Sobre la implementación de FORLAC 2.0, expresó su optimismo en que pueda crear un marco integrado de políticas públicas que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible de la economía, así como la generación y retención del empleo formal, facilitando la transición de trabajadores hacia la formalidad.

En ese contexto, la ministra de Trabajo anunció que en breve nuestro país lanzará la estrategia de formalización 2.0 para el periodo 2024-2028 y que tendrá componentes importantes para el incremento del trabajo decente y el diálogo social tripartito.

La apertura del evento internacional contó con las palabras de la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira. Posteriormente, Efraín Quicaña, especialista regional en Economía Rural, Desarrollo Productivo y Formalización de la OIT para América Latina y el Caribe, realizó la presentación de la estrategia y el plan de acción para los próximos años.

FORLAC 2.0 se basa en las siguientes premisas: aumento de la productividad, cumplimiento de los derechos laborales, intervenciones integrales, inclusión y diálogo social.

Entre los impactos positivos esperados figuran una mayor justicia social, con la creación de empleos decentes y sostenibles en la economía formal; la reducción de la pobreza laboral; la transformación productiva mediante la mejora de la productividad y condiciones de trabajo en las empresas; una protección social ampliada, con una mayor cobertura y reducción de las brechas sociales y económicas, especialmente en zonas rurales; y una transición justa, fomentando sectores con potencial para la generación de empleos verdes y sostenibles en el contexto del cambio climático.