El objetivo es maximizar los beneficios del programa, no solo garantizando la provisión de alimentación escolar, sino también dinamizando la economía a través de la generación de empleo formal y de calidad.

“El cumplimento de los derechos laborales va a repercutir positivamente en la imagen de las empresas y no perder la reputación para contratar con el Estado, porque si tenemos denuncias vamos a tomar las acciones que correspondan. Nos ponemos a disposición para cerrar el círculo del programa, que es la provisión de alimentos para nuestros niños, la disminución del gasto de las familias y generación de empleos para nuestros trabajadores”, expresó en la ocasión la ministra Recalde.

A su turno, el ministro Rojas ratificó la postura del Gobierno de ser riguroso en la implementación del programa, no solo en el aspecto de la provisión del servicio de alimentos, sino también en lo que respecta los derechos laborales. “Este programa es una iniciativa del gobierno del presidente Santiago Peña, pero también de las empresas y de toda la comunidad”, señaló.

La presentación se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a las empresas que operan con esta institución en Asunción y el área metropolitana. No obstante, se prevé extender a todas las gobernaciones, atendiendo el alcance nacional del Programa Hambre Cero a partir del presente año escolar.

El contenido de la capacitación abarca procesos de formalización, la normativa laboral vigente y los aspectos relacionados con la seguridad social, que protegen a los trabajadores tanto de las empresas adjudicadas como de las tercerizadas para llevar adelante el programa de alimentación escolar. El propósito es que los representantes de los consorcios o emprendimientos individuales puedan conocer a cabalidad las distintas condiciones laborales que deben ser cumplidas a fin de crear empleos formales y de calidad a través del programa.

En este marco, el equipo técnico MTESS brindará asesoramiento sobre contratos laborales; derechos y obligaciones laborales; manipulación de alimentos, medidas de salud y seguridad ocupacional en las cocinas; inscripciones en el IPS; prevención y atención de violencia laboral; y los controles y fiscalizaciones ante incumplimientos.